Sentencia A. 1045/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1045/25

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto objetivo

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1045 DE 2025

 

Referencia: expedientes CJU-6625 6706 y 6727 AC

 

Asunto: conflictos aparentes de jurisdicciones suscitados entre los Juzgados Administrativos 007, 006, 002 de Arauca y el Juzgado 002 Civil Municipal de la misma ciudad

 

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero

 

Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, de la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el presente auto respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 En el siguiente cuadro, se resumen los hechos que soportan los conflictos entre jurisdicciones remitidos a esta corporación y asignados al despacho del magistrado ponente para su decisión.  Estos corresponden a demandas ejecutivas presentadas por el Instituto de Desarrollo de Arauca (IDEAR), con el fin de obtener el pago de obligaciones contenidas en diversos títulos ejecutivos:

 

 

2.                 Estos procesos fueron asignados al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, el cual, en la totalidad de los expedientes: (i) libró mandamiento de pago en contra del demandado y (ii) ordenó seguir adelante con la ejecución de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo.

 

 

3.                 Mediante auto del 16 de diciembre de 2024[15], 14 de enero de 2025[16] y 13 de enero de 2025^[17], el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca declaró su falta de jurisdicción para seguir conociendo de los procesos. Con fundamento en lo anterior, remitió los expedientes a la Oficina de Reparto de la ciudad de Arauca, para que su conocimiento fuera asignado a los jueces administrativos del circuito judicial de esa ciudad.

 

4.                 Para fundamentar esta posición, el juez 002 civil municipal señaló que, si bien los pagarés no se suscribieron en el marco de un contrato estatal, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, cuando una entidad pública incorpora derechos en títulos valores en el marco de sus funciones y con recursos públicos, la competencia para conocer de su ejecución corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En concreto, advirtió que este Tribunal, en el auto 403 de 2021, determinó que:

 

“en adelante, cuando (i) una entidad estatal (ii) incorpore derechos en títulos-valores (iii) en el marco de sus relaciones contractuales, y (iv) quien fue parte en ese contrato (v) la demande para hacer efectivo el pago del derecho incorporado, (vi) la jurisdicción competente será la de lo contencioso-administrativo, (vii) por tratarse de controversias derivadas del contrato estatal”. Además, precisó que este Tribunal ha reconocido que, “independientemente del régimen aplicable, aquellos contratos, en los que sea parte una entidad pública, son por definición, contratos estatales”.

 

5.                 Por último, precisó que el IDEAR no es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera y, por lo tanto, no se debe aplicar la regla de exclusión establecida en el artículo 105 del CPACA.

 

6.                 A continuación, se presentan las decisiones de cada una de las autoridades judiciales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que rechazaron su competencia para conocer de los procesos ejecutivos, propusieron conflictos negativos entre jurisdicciones y remitieron los expedientes a esta corporación:

 

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

A.          Competencia

 

7.                 La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

B.           Presupuestos del conflicto entre jurisdicciones

 

8.                 Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones, “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[18]. De manera reiterada, la Corte ha considerado que para que se configure estos conflictos, es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo, los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

C.          Inexistencia de un conflicto entre jurisdicciones. Incumplimiento del elemento objetivo

 

9.                 En relación con el presupuesto objetivo, la Corte se ha declarado inhibida cuando la pretensión del demandante fue resuelta y el proceso judicial finalizó. Por ejemplo, en el auto 1070 de 2023[22], esta Corporación se declaró inhibida para resolver un aparente conflicto positivo de competencia en un proceso ejecutivo en el que ya se había librado mandamiento de pago, decretado y practicado medidas cautelares, adelantado la diligencia de remate y adjudicado el bien.

 

10.             De manera similar, en el auto 973 de 2024[23], la Sala concluyó que tampoco se cumplía el presupuesto objetivo, en un caso en el que el proceso ejecutivo había culminado con la aprobación de la liquidación de costas judiciales, por lo cual consideró que se había cumplido con el objeto del proceso, pese a que subsistían actuaciones pendientes orientadas a dar efectividad a la orden de pago.

 

11.             Luego, en el auto 1036 de 2024, este tribunal se refirió al momento en que concretamente finaliza un proceso ejecutivo. Para ello, recordó que el artículo 430 del Código General del Proceso (CGP) establece que “presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación […]”; y que “los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo”. De ahí, entonces, que se entienda que, en los casos en los que el demandando no propone excepciones de mérito, el proceso ejecutivo finaliza cuando el juez emite el auto de seguir adelante con la ejecución, el cual no admite recursos. Al respecto, el artículo 440 del CGP establece lo siguiente:

 

“si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado”.

 

12.             Adicionalmente, esta corporación, en el auto 223 de 2025, advirtió que el artículo 440 de la citada ley determina que, si el ejecutado no propone excepciones de manera oportuna, el juez ordenará en auto el remate y el avalúo de los bienes embargados o seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado. Por su parte, el artículo 446 del CGP señala que ejecutoriado el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito que será aprobada o modificada en auto. Finalmente, en el artículo 447 del mismo Código se indica que una vez ejecutoriado el auto que aprueba la liquidación del crédito o las costas, el juez ordenará la entrega del dinero embargado al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado.

 

13.             Es claro, entonces, que el solo auto por medio del cual el juez ordena el libramiento de pago no finaliza el litigio, pues la parte demandada cuenta, en ese momento, con la posibilidad de presentar excepciones de mérito. Por el contrario, cuando el juez profiere el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, el demandado ya no cuenta con recursos, ni puede controvertir la existencia y exigibilidad de la obligación, por lo que el proceso hace tránsito a cosa juzgada. Así lo explicó la Corte Suprema de Justicia:

 

“(i) Cosa juzgada material (carácter definitivo de la solución del conflicto): Se puede producir en dos eventos concretos: (a) por regla general, cuando se ordena continuar con la ejecución; o (b) cuando se niega la ejecución porque la obligación cuyo cumplimiento forzado se reclamaba no existía, o, habiendo existido, se había extinguido por cualquier causa legal. En el primer caso, las sentencias son definitivas y concluyentes en relación con la existencia, exigibilidad y contenido de la obligación por la que se sigue la ejecución, y la identidad de sus extremos. La jurisdicción confirma, de manera irrevocable, que el ejecutado es deudor de una obligación cierta y determinada, y que el ejecutante es su acreedor correlativo; y esta certeza es final y categórica, impidiendo cualquier cuestionamiento posterior[24]”.

 

14.             Dicho con otras palabras, una vez satisfechas las pretensiones de la parte ejecutante y las decisiones del juez quedan en firme, se configura la cosa juzgada, entendida como una institución procesal que otorga a las sentencias y a algunas otras providencias, el carácter de definitivas, vinculantes e inmutables, con el propósito de lograr la terminación definitiva de las controversias y salvaguardar el principio de seguridad jurídica[25].

 

D.               Casos concretos

 

15.             En estos casos, se encuentra acreditado el presupuesto subjetivo, toda vez que la controversia procesal enfrenta a autoridades judiciales pertenecientes a jurisdicciones distintas. Por una parte, el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca y, por la otra, los Juzgados Administrativos 007, 006, 002 de la misma ciudad.

 

16.             Sin embargo, la Sala advierte que no se configuró un conflicto de jurisdicciones en ninguno de los asuntos de la referencia. A pesar de que el elemento subjetivo se encuentra acreditado en todos ellos, debido a que el aparente conflicto se suscitó entre autoridades de distintas jurisdicciones, no sucede lo mismo respecto del elemento objetivo, como se explicará a continuación.

 

17.             De acuerdo con lo expuesto previamente, en todos los casos analizados el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca profirió el auto de seguir adelante con la ejecución. Concretamente, en ese momento las causas de los procesos ejecutivos fueron resueltas, y dicha decisión, que no admite recursos, hizo tránsito a cosa juzgada. Lo anterior, sin perjuicio de que eventualmente subsistan actuaciones encaminadas a garantizar la efectividad de la orden de pago proferida. En ese sentido, resolver estos aparentes conflictos de jurisdicciones implicaría, necesariamente, desconocer el carácter inmutable, vinculante y definitivo de las decisiones ejecutoriadas.

 

18.             Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena se declarará inhibida para decidir los presentes asuntos por incumplimiento del presupuesto objetivo, pues no hay una causa judicial vigente respecto de la cual esta corporación deba pronunciarse.

 

19.             Igualmente, debido a que los expedientes CJU-6625, CJU-6706 y CJU-6727, guardan identidad de materia, pues se tratan de procesos ejecutivos finalizados respecto de los cuales surgieron conflictos de jurisdicciones entre las Jurisdicción de lo Contenciosa Administrativo y la Ordinaria civil, la Sala ordenará su acumulación, al igual que remitirlos al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca para lo de su competencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 del Acuerdo 01 de 2025 de esta corporación^[26].

 

20.             Finalmente, la Sala considera necesario hacer un llamado de atención al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca para que, en lo sucesivo, se abstenga de suscitar conflictos de jurisdicción en aquellos casos en los que, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación en esta materia, es clara la cesación del objeto del proceso que estuvo bajo su conocimiento.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

Primero: ACUMULAR los conflictos de jurisdicciones identificados con los expedientes CJU-6625, CJU-6706 y CJU-6727, por presentar unidad de materia.

 

Segundo: Declararse INHIBIDA para resolver los conflictos aparentes de jurisdicciones remitidos por los Juzgados Administrativos 007, 006 y 002 de Arauca y el Juzgado 002 Civil Municipal de la misma ciudad.

 

Tercero: REMITIR el expediente CJU-6625 al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, para que proceda conforme con lo previsto por la presente providencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 007 Administrativo de la misma ciudad y a los interesados en el presente trámite.

 

Cuarto: REMITIR el expediente CJU-6706 al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, para que proceda conforme con lo previsto por la presente providencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 006 Administrativo de la misma ciudad y a los interesados en el presente trámite.

 

Quinto: REMITIR el expediente CJU-6727 al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, para que proceda conforme con lo previsto por la presente providencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 002 Administrativo de la misma ciudad y a los interesados en el presente trámite.

 

Sexto: ADVERTIR al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca que, en lo sucesivo, se abstenga de suscitar conflictos de jurisdicción en aquellos casos en los que, conforme con la jurisprudencia de esta corporación en esta materia, es clara la cesación del objeto del proceso que estuvo bajo su conocimiento.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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